EDITORIAL
EL CENTRO DE LA
DISCORDIA
Hace unos días, un grupo de comerciantes ubicados en el centro histórico de Trujillo alzó su voz de protesta contra la ordenanza municipal que restringe el tránsito vehicular en las cuadras 4 y 5 de Gamarra y 5 y 6 de Pizarro. Aseguran que desde que se implantó la medida, hace más de un mes, sus ventas han bajado hasta en un 80% y que pronto se verían obligados a despedir a cerca de 400 empleados.
Al respecto es necesario decir -si estas cifras son exactas- que si bien la restricción vehicular puede haber perjudicado inicialmente a un grupo de empresarios, por otro lado, ha beneficiado ampliamente a una gran mayoría de personas que ven con beneplácito caminar por las calles, libres de contaminación ambiental y sonora. Una realidad impensable hace sólo algunos meses. Y en ese sentido, por una medida de estricta equidad, el interés general debe primar siempre sobre el particular.
Además, no todos los comerciantes de esas zonas están en desacuerdo con la norma y así lo han expresado incluso en algunos medios de comunicación.
Los empresarios afectados alegan también que la actual norma edil fue consecuencia de la presión de un grupo de taxistas y no de un estudio técnico, y que el dispositivo inicial contemplaba el ingreso de vehículos al centro histórico de acuerdo al último número de la placa de rodaje. Sin embargo, esta medida establecía también, en una segunda etapa, convertir en peatonales las calles, como sucede hoy. Hay que recordar que ya hubo un precedente que justamente se tomó como globo de ensayo para medidas ulteriores: la campaña del Día Sin Auto, que emprendió con éxito el gobierno local.
De otro lado, en todas las grandes ciudades del mundo existen paseos peatonales que se convierten en espacios de gran atractivo para los turistas nacionales y extranjeros. Asimismo, una caminata es saludable en medio de la vida sedentaria a la que estamos acostumbrados.
El problema de fondo -según lo han expresado los propios empresarios- es la inseguridad existente y la falta de control del comercio ambulatorio, que atenta contra los consumidores y el ornato de la ciudad. En ese sentido, de acuerdo a lo declarado por el primer regidor Martín Sifuentes, se están buscando alternativas de solución. El funcionario edil ha propuesto, por ejemplo, instalar cámaras de vigilancia en las cuadras mencionadas y poner mano dura para que los ambulantes no se posesionen de la vía pública.
Por todo ello creemos que la medida que ha tomado el Concejo es positiva para la gran mayoría de ciudadanos. Lo que sí debe garantizar la Municipalidad de Trujillo, con el apoyo de la Policía Nacional, es la seguridad ciudadana y, en el caso específico del ayuntamiento, el control ambulatorio para que éste no se convierta en una competencia desleal para los comerciantes formales y, sobre todo, para que Trujillo no se convierta en un gran mercado persa. Por lo demás, será el diálogo entre las partes en conflicto y la búsqueda de soluciones creativas las que nos permitan vivir en un centro histórico de calidad para sus ciudadanos.