POLÍTICA
VEA LO QUE VEA
Pepe Miranda, regidor de la Municipalidad de Trujillo, siempre sospechó el desenlace final del puntilloso tema del gerente de Sedalib, Roberto Vigil y la famosa tarifa social. Se lo dijo a muchos medios y periodistas: “Aquí va a pesar mucho la presión política”. Por eso, cuando se reveló qué tipo de sanción (una simple y llana amonestación) le fue aplicada a este alto funcionario que había usufructuado el referido beneficio para fines comerciales, aunque suene a resignación, muchos ya ni se sorprendieron. No debería ser así, pero ésa es la verdad. De nada sirvió que Miranda y otros cuantos se desgañitaran, igual Vigil salió “limpio” (muy bien lavadito) y ahora lo vemos bien campante en la oficina de la gerencia de la empresa del agua, siguiendo con su “ardua” labor, como quien dice “aquí no pasó nada”. Desde luego que cuando se le pidió una opinión a Miriam Pilco, secretaria general del PAP en La Libertad, ella se mostró conforme y de acuerdo con la leve sanción impuesta a Roberto Vigil, e incluso dijo “que se había hecho mucho escándalo por nada”. No esperábamos menos de la doctora Pilco, claro está.
Después de que se diera a conocer respecto a la venta del inmueble sede del Archivo Regional de La Libertad, muchos salieron a protestar a través de marchas y vigilias, pero nadie lo hizo de una manera tan enérgica como el presidente regional Homero Burgos Oliveros, quien no temió en poner la cara. A pesar de que hay cosas que no quedan del todo claras (es muy sospechoso que nadie haya sabido realmente que el local estaba siendo vendido), el Gobierno Regional ha encabezado esta campaña en “defensa del patrimonio regional”, lo cual puede resultar hasta cierto punto plausible. Pero, oh paradojas de la vida, es precisamente el mismo Gobierno Regional quien al parecer ha consumado otro golpe a la cultura. ¿Cómo es esto? Pues si es que no lo saben, desde hace unos días el local de la Biblioteca Central de la Dirección Regional de Educación y la Red Regional de Bibliotecas Escolares ha sido invadida y prácticamente desalojada por las oficinas de la Dirección Regional de Industria y Turismo y la gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional. Así que los libros y demás mobiliarios han quedado arrinconados cual si fueran la última rueda del coche. Y ante esto nadie dice nada. ¿Acaso no se debe predicar con el ejemplo?
A finales del año pasado nada más se estrenaba como miembro del Partido Popular Cristiano (PPC) y ahora, pocos meses después, lo vemos nada más ni nada menos que en el cargo de secretario político de Unidad Nacional en La Libertad. El ingreso del ingeniero Carlos Fernández a la política parece no sólo ir viento en popa, sino que muy en serio. El conocido hombre de gestión institucional se desempeña actualmente -y con eficiencia a la vista- como gerente del Centro Peruano Americano “El Cultural”, y es ésta prácticamente su principal carta de presentación, a no dudar, y razón fundamental seguramente para que la alta dirigencia de Unidad Nacional lo haya designado para tan importante cargo. Se sabe que dentro de poco los líderes de esta agrupación política, con Lourdes Flores Nano a la cabeza, vendrán para juramentar a Fernández oficialmente y, de paso, empezar a trazar el derrotero de Unidad Nacional en la región, donde les espera, de hecho, una ardua labor proselitista de cara al 2006.
El alcalde distrital de Moche, Henry Sachún, no se le ocurrió mejor forma de reaccionar a la declaración de vacancia de la mayoría de regidores que haciendo una denuncia sobre un proceso delicadísimo de robo sistemático de combustible, que se viene dando desde hace 15 años con anteriores gestiones, según dijo. Y anunció que tal denuncia la haría llegar muy prontito mediante un informe a la Fiscalía correspondiente y Contraloría General de La República. Pero además, acusó a una empresa mochera de estar tras su vacancia, una empresa que habría defraudado con 300 mil soles y no habría pagado sus impuestos correspondientes. De todas maneras, el burgomaestre tuvo que tragarse el muy amargo trago. La definición final de su vacancia estará en manos del Jurado Nacional de Elecciones, no sin que antes venza el plazo de quince días para que Sachún presente reconsideración ante el mismo concejo municipal y un mismo plazo para apelar ante el mismo concejo dentro de los posteriores quince días hábiles. Que venga lo que tenga que venir.
